Agaden recurrirá a la justicia si se firma de forma definitiva el convenio para la reforma del frente litoral en Tarifa

Tarifa/La asociacion ecologista Agaden ha denunciado que el convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de Tarifa y la empresa Granparcela S.L., del exfutbolista Borja Merayo, "es un escándalo por suponer la privatización de suelo público sin concurso donde están construidos dos institutos de secundaria, un colegio de primaria y un polideportivo municipal, lo que podría suponer posibles delitos de prevaricación y malversación de patrimonio público". Con este argumento, el grupo ha asegurado que recurrirá a los tribunales si se firma el convenio de forma definitiva.

Agaden considera prioritaria una revisión del obsoleto Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por parte del Ayuntamiento. "Algo que lleva más de diez años retrasándose y no dejar en manos privadas la redacción y el planeamiento de los usos de suelos y su ejecución, con más de 148.000 metros cuadrados en un lugar emblemático del municipio. Además, este convenio se ha llevado a cabo sin concurso público alguno. No entendemos cómo se pretende dejar en manos privadas la ordenación de un espacio que en su mayor extensión es público", según Agaden.

Los ecologistas sostienen que los suelos que se pretenden privatizar pertenecen al Patrimonio Municipal de Suelo, "que la ley le adscribe como destino la construcción de vivienda protegida y equipamientos. Ni hoteles ni viviendas libres tienen cabida en estos suelos públicos. Si el Ayuntamiento vende estos suelos para esos usos privativos incurriría en una grave ilegalidad".

Agaden asegura que con este borrador de convenio el Ayuntamiento de Tarifa "está replicando un modelo de desarrollo insostenible que está siendo cuestionado, un modelo especulativo basado en la construcción de nuevas zonas residenciales, turísticas, hoteleras y comerciales que ha dado lugar al aumento del coste de la vida y al desmesurado encarecimiento de la vivienda, que la hace inasequible para un gran número de ciudadanos que se ven abocados a no poder vivir en su ciudad". "Este convenio, aún con el correspondiente 20% de viviendas de protección oficial, incrementa de manera desmesurada las viviendas de renta libre y los apartamentos turísticos, que tendrán unos precios desorbitados y aumentarán la especulación, cuando un Ayuntamiento debería velar por la sostenibilidad de la vida de los ciudadanos a los que representa y atender a un modelo de ciudad sostenible", insisten los ecologistas.

Agaden muestra su preocupación porque los propietarios minoritarios no puedan afrontar los costes de urbanización y se vean obligados a afrontarlos por imposición del sistema de compensación con la entrega de parte de sus terrenos a Granparcela S.L.

Sobre el desmantelamiento y traslado de los centros educativos, en base a que están obsoletos, consida que más allá de sus insuficiencias, que son subsanables, "no se puede permitir que se derrumben centros educativos para especular, además de todos los problemas que puede acarrear a la comunidad educativa y escolar, y a sus familias, las nuevas ubicaciones de los centros en aras del monocultivo del turismo".

Igualmente, Agaden muestra su preocupación si por la cesión de terrenos a la empresa Granparcela S.L., se incluye el cerro y Castillo de Santa Catalina, declarado Bien de Interés Cultural, así como de su entorno que cuenta también con protección. "El Castillo ya fue objeto anteriormente de una polémica y fallida cesión a una empresa privada. El conjunto, que en la actualidad está abandonado, debería ser objeto de un estudio detallado que permita la redacción de un proyecto de restauración, de acuerdo con las leyes de patrimonio", recuerdan.