La tragedia del 100% Fun: cinco años y sin fecha para el juicio

Aquella tarde del 5 de agosto de 2017 todo cambió para siempre. La deflagración del transformador 29272 ubicado en el hotel 100% FunTarifa sesgó la vida de dos jóvenes trabajadoras y dejó a otros seis compañeros del establecimiento heridos graves. Fue una de las jornadas más aciagas que se recuerdan en la historia reciente del Campo de Gibraltar.

Ocho empleados del 100% Fun se encontraban al caer la jornada en uno de los descansos reunidos para comer en torno a una mesa en la trasera del hotel, junto a la caseta de un transformador eléctrico. De forma sobrevenida, la instalación sufrió una deflagración que envolvió a los jóvenes en una llamarada. Sara Ojeda y Mari Luz Morillo, las dos víctimas que resultaron más alcanzadas, fallecieron como consecuencia de las quemaduras a las pocas horas del suceso. Sus seis compañeros, supervivientes de la tragedia, arrastran a día de hoy secuelas físicas y psicológicas de todo lo ocurrido.

Daniel Domínguez, Francisco Javier Fernández, Francisco Javier Morillo, Juan Antonio Puerto, Esther Álvarez e Irene Rodríguez esperan junto a los familiares Sara y Mari Luz que se haga justicia. Este viernes se cumplen los primeros cinco años de una tragedia que les ha marcado de por vida.

La Asociación de Afectados por el accidente transformador 29272 ha previsto realizar un acto íntimo en el Castillo de Guzmán el Bueno. A partir de las 10:00 se efectuará el izado de una bandera con el logo de la asociación en homenaje a los también conocidos como "los ocho de Tarifa". Su presidente, José Ramón Ojeda, explica a Europa Sur por qué no se van a realizar manifestaciones multitudinarias como la de 2019: "Nos reunimos con los afectados el mes pasado y hay un gran desgaste emocional, la idea de hacer algo íntimo es porque muchos no quieren revivir todo aquello con grandes actos".

Los afectados llevan esperando un juicio desde 2017. El proceso por el momento sólo cuenta con un auto para la apertura de juicio oral, emitido por el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras en abril de 2022. El Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitan cuatro años de prisión y seis de inhabilitación para tres técnicos de la compañía Endesa así como una fianza de 3.153.472 euros como garantía para las indemnizaciones que se fijen para las víctimas por parte de las empresas Edistribución Redes Digitales y Axa Corporate Solutions Assurance (hoy denominada XL Insurance Company).

En cuanto a las indemnizaciones para las víctimas, en el auto judicial se establecen 122.400 euros para los padres de la fallecida Sara Ojeda; 125.000 para los de la también fallecida Mari Luz Morillo; un millón de euros para Daniel Domínguez; 739.000 euros a Francisco Javier Fernández, 364.000 para Francisco Javier Morillo; 359.000 para Juan Antonio Puerto; 221.000 para Esther Álvarez y 157.000 para Irene Rodríguez "por las lesiones causadas y las secuelas que sufren".

José Ramón Ojeda muestra su preocupación porque después de varios meses desde el auto ordenando la apertura de juicio aún siguen sin fecha. "Lo peor de todo es que hemos leído en una noticia que el Juez Decano de Algeciras -Alberto Ruiz- se queja de la falta de recursos para la realización de juicios, por lo que entendemos que nuestro caso se va a alargar todavía más y eso nos desilusiona mucho", confiesa.

Respecto a las indemnizaciones, el presidente de la asociación agrega: "Endesa ha hecho un depósito de la mitad de lo que fijó el juzgado; tememos que pueda ser una estrategia para usar como atenuante de la pena en el futuro juicio ya que es un acto realizado antes de que exista una sentencia".

Desde la asociación además siguen reclamando la necesidad de implementar algún protocolo para comprobar la actividad y la capacidad de los transformadores eléctricos previas a las nuevas autorizaciones de conexión.

Ojeda lamenta que la respuesta de la Administración a la Proposición No de Ley (PNL) que presentaron en septiembre de 2021 haya sido desechada. En el último escrito de la asociación, de abril de 2022, han dejado constancia de su disconformidad con la resolución que tomaron. "Básicamente dan por suficientes los mecanismos existentes y desechan nuestra idea, que no pedía nuevos mecanismos sino protocolos de inspección y verificación de alternadores ya que actualmente no se cumplen", concluye Ojeda.