Una empresa denuncia a la Consejería de Cultura ante el TSJA por la adjudicación del aparcamiento de Baelo Claudia

Tarifa/La empresa Inversiones Sevilla Puerto (Grupo ISP) mantiene un litigio contra la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a cuenta del aparcamiento del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, en Tarifa. La compañía reclama ante los tribunales ser reconocida como la adjudicataria de la gestión de la explanada de estacionamientos y una compensación de, al menos, 180.000 euros en concepto de indemnización por lucro cesante.

La firma hispalense participó en un concurso público puesto en marcha por Cultura entre los años 2022 y 2023 para concesionar la gestión del aparcamiento durante tres años. Pese a ser una oferta viable, el proceso fue declarado desierto para, poco después, pasar a ser gestionado por la empresa municipal Urtasa del Ayuntamiento de Tarifa; mercantil que también se había presentado aunque había sido descartada por la mesa de contratación. Para lSP, las decisiones tomadas por la Junta a lo largo del procedimiento constituirían un claro ejemplo de desviación de poder (vicio del acto administrativo que se produce cuando la administración actúa para fines distintos a los que le permiten las leyes).

Así se desprende del contenido del recurso presentado a finales del pasado mes de marzo por ISP ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al que ha tenido acceso Europa Sur.

La demanda presentada por ISP explica que los pliegos de condiciones para el concurso fueron aprobados el 31 de mayo de 2023. Al concurso, según este mismo relato, se presentaron tres ofertas: la de ISP, otra de Urtasa (Ayuntamiento de Tarifa) y una tercera de la empresa Onlyparking. Solo la de ISP fue valorada (con 100 puntos) en un proceso en el que se requirieron documentación y subsanaciones en varias etapas a las licitadoras. El aparcamiento tiene unas 400 plazas de capacidad y gran rotación y ocupación durante la temporada de verano, ya que se encuentra junto a la playa de Bolonia.

Para ISP, todo el concurso estuvo sujeto a una "opacidad" por parte de la administración. "No se produjo ninguna publicación en el Perfil del Contratante desde julio de 2023 hasta mayo de 2024 (cuando se declaró desierto). La apertura del sobre 1 se hizo sin publicación, del mismo modo que la apertura de los restantes sobres, el 2 y 3. Durante este largo periodo, la única comunicación/notificación recibida fue vía e-mail (sin publicación en la plataforma) y fue relativa a la subsanación requerida y cumplimentada de requisitos adicionales no exigidos en el pliego de condiciones", expone la demandante.

Finalmente, el 3 de mayo de 2024 la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura declaró desierto el concurso. En la demanda consta que ISP obtuvo la mayor puntuación mientras que Urtasa fue excluida del procedimiento por no reunir los requisitos mínimos para que su oferta fuese abierta, según acuerdo de la mesa de contratación del 10 de noviembre de 2023. La otra oferta (Onlyparking) había sido apartada previamente, el 20 de septiembre de 2023.

Según la demandante, "en un trámite absolutamente no previsto en el pliego del contrato la Administración inventó una argucia para no dictar resolución de adjudicación a ISP". La compañía hispalense asegura que el 11 de enero de 2024 la mesa de adjudicación constató que su plica contenía el denominado como "Proyecto del servicio a prestar por la entidad adjudicataria", si bien se acordó que "dada su complejidad" debía ser analizado por el Servicio de Conjuntos Arqueológicos y Documentales; un trámite que no estaba previsto en las normas de la licitación y que, según ISP, dio pie a la posterior declaración del concurso como desierto. "En virtud de dicho trámite se sustituyó a la mesa de contratación por otro órgano valorativo –no designado en ningún caso como comité de expertos en el pliego– que realizó una 'reevaluación' de la oferta de ISP rechazándola", según la denunciante.

Concesión a Urtasa

Hasta este punto del concurso, ISP estima que se produjeron tres supuestas irregularidades: la participación en el procedimiento de un órgano no previsto para "rechazar la oferta más ventajosa"; se obvió una propuesta de la mesa de adjudicación de noviembre de 2023 favorable a ISP y, en tercer lugar, se declaró desierto el concurso en base a un acta de abril de 2024 "que no existe".

ISP denuncia ante el TSJA que, pocas semanas después, el 9 de julio de 2024, el Ayuntamiento de Tarifa encomendó la gestión del aparcamiento a la empresa municipal Urtasa a través de una resolución de la Alcaldía para el periodo comprendido entre el 20 de junio y el 15 de septiembre. "No existe base jurídica que lo justifique. Y el Ayuntamiento, sin título jurídico al respecto (por no ser la propietaria de los terrenos del aparcamiento) otorga la gestión a una sociedad que había sido excluida del concurso de la Consejería de Cultura por no reunir los requisitos de capacidad y solvencia. Todo ello con el consentimiento de la Consejería titular y gestora del conjunto arqueológico de Baelo Claudia", abunda ISP. En marzo de 2024, el Ayuntamiento encomendó a Urtasa la gestión de varios aparcamientos en las zonas de playa, mientras que ya en julio emitió una "ampliación" de dicha encomienda abarcando el aparcamiento ahora bajo litigio.

Para la empresa litigante, "la ilegalidad de las actuaciones buscaba dar el parking a Urtasa". A mayor abundamiento, la compañía que recurre ante el Alto Tribunal andaluz reseña en su denuncia que mientras ISP preveía pagar un canon, Urtasa habría recibido dinero por la gestión del aparcamiento en 2024. "ISP iba a pagar a la Administración de la Junta de Andalucía un canon por la adjudicación de la explotación del parking consistente en el importe de razón de 31.703,21 euros por año (muy superior al canon establecido como mínimo en el Pliego de 12.500 euros por año). En cambio, Urtasa no paga ningún canon a la Junta de Andalucía y, por el contrario, como se expone en la Resolución del Alcalde de Tarifa, percibirá 5.483,05 euros por la gestión de la explotación del parking", según consta en el documento cursado ante el Contencioso-Administrativo que solicita la nulidad de estos trámites y la concesión del aparcamiento a Grupo ISP.

Además, ISP apunta que Urtasa prestó en 2024 el servicio con menores prestaciones en comparación con su oferta. ISP proponía la instalación de aseos, cámaras de vigilancia y un vigilante nocturno, mientras que el servicio de Urtasa no tuvo estas facilidades.

El Ayuntamiento apunta a "un acuerdo" con la Junta

El Ayuntamiento de Tarifa asumió la gestión del aparcamiento de Baelo Claudia en el verano de 2024 para evitar que una gran bolsa de estacionamiento permaneciera cerrada en plena temporada estival. Fuentes municipales consultadas por Europa Sur han confirmado ser conscientes de la existencia de un litigio entre la Junta e ISP, si bien se consideran al margen.

"El aparcamiento quedó desierto. Pero como Ayuntamiento no podíamos permitir quedarnos sin una importante bolsa de estacionamientos en pleno verano y arriesgarnos a un colapso en la playa de Bolonia. Por ello, previa consulta con la Junta, ya que de lo contrario iba a permanecer cerrado, se acordó aprovecharlo mediante Urtasa", explica a este periódico una fuente del gobierno municipal tarifeño.

Según esta fuente, el acuerdo entre la Junta y Urtasa se ciñió, en principio, al año 2024. Aunque el aparcamiento continúa a día de hoy sin gestor. "Si el litigio ante el TSJA se resuelve favorablemente para la empresa ISP, el Ayuntamiento dará un paso al lado. Pero si el TSJA no ha resuelto la cuestión antes de que comience el verano, pediremos de nuevo permiso a Cultura para gestionar el aparcamiento, nuevamente, para evitar la saturación de vehículos en la zona de costa", detalla esta misma fuente.

La Consejería de Cultura, por su parte, no ha respondido a las consultas de Europa Sur en el momento de publicarse esta información.