Condenan al exjefe de la Policía Local de Tarifa tras reconocer que filtró las preguntas en las oposiciones de 2020

La Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a José Luis C.R., exjefe de la Policía Local de Tarifa, a una pena de inhabilitación especial para cargo público durante un año y una multa de doce meses a razón de cinco euros diarios (1.850 euros en total), como autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Según se explica en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Sur, los hechos ocurrieron en el año 2020, cuando el acusado ostentaba la condición de jefe de la Policía Local de Tarifa y se convocaron unas oposiciones de acceso para este cuerpo en el municipio.

José Luis C.R., que era el presidente del tribunal, "facilitó un formulario de preguntas que no podían ser difundidas y que eran conocidas exclusivamente por los miembros del tribunal calificador, a una pluralidad de aspirantes a los que conocía por ser vecinos de la localidad de Tahivilla", expone la sentencia que, al ser de conformidad, es firme tras haber manifestado las partes su voluntad de no recurrir.

Como publicó este periódico en enero de 2021, el Ayuntamiento de Tarifa suspendió este proceso de oposiciones para diez plazas de agente de la Policía Local ante las sospechas por parte del tribunal calificador de que el ejercicio teórico se hubiera filtrado.

El Consistorio abrió entonces un expediente informativo para aclarar lo sucedido en el proceso selectivo para dichas plazas. Lo hacía a tenor del acta emitida por el tribunal calificador de la prueba, que albergaba "sospechas sobre la preservación de la cadena de custodia del ejercicio teórico".

El equipo de gobierno local, encabezado por el anterior alcalde Francisco Ruiz Giráldez, aclaró que era "ajeno a la responsabilidad en el desarrollo del procedimiento selectivo", pero mostró su "voluntad firme de depurar responsabilidades en aras de la transparencia informativa y la correcta culminación de un proceso esperado para ampliar los efectivos locales de seguridad". Para el primer edil, el hecho de que el tribunal decidiese de forma unánime anular las pruebas ante las sospechas detectadas era "la mejor garantía de independencia y rigor en el procedimiento y de que no hay cabida para el enchufismo".