La desviación del arroyo de Tarifa (1887-1889)
Historia de Tarifa
El encauzamiento del río Angorrilla constituyó un hito de la mayor relevancia para la ciudad, que al verse libre de las riadas y aguas negras experimentó una extraordinaria transformación urbana
Tarifa/El arroyo Angorrilla atravesaba el pueblo de parte a parte, provocando desastrosas riadas en los inviernos. Además, el cauce urbano se convirtió en basurero común y cloaca descubierta. Desde finales del siglo XVIII hubo propuestas para el desvío, pero siempre se frustraron por falta de medios económicos. Tras la epidemia de cólera de 1886 se retomó con urgencia el proyecto de desviación para evitar inundaciones y eliminar ese foco de contagios y transmisión de enfermedades.
Motivos para la desviación
El río entraba en la ciudad por la zona del Retiro, discurriendo por lo que ahora son las calles General Copons y Sancho IV el Bravo (la Calzada). Tenía su salida junto a la torre de Guzmán el Bueno, y atravesando la Huerta del Rey desembocaba en la playa de Los Lances al lado noroeste del cerro Santa Catalina.
Con las fuertes lluvias invernales, sus impetuosas avenidas arrastraban tierra, piedras, troncos y otros materiales de los cercanos montes. Además, el estrecho cauce urbano servía de basurero colectivo y cloaca adonde iban a parar las cañerías de aguas residuales y los desechos de la pescadería, la carnicería, instalaciones de salazón, etc. Naturalmente, el progresivo aumento de la población conllevaba mayor acumulación de tales porquerías. Todo ello acarreaba que las aguas se saliesen de madre con relativa facilidad, causando cuantiosos daños materiales y personales. Estos desbordamientos intramuros fueron más frecuentes desde comienzos del siglo XVIII.
El estancamiento de aguas sucias y materia orgánica putrefacta en el centro de la población era el caldo de cultivo para las enfermedades infecciosas y la propagación de pandemias. Así, el cólera morbo llegó a Tarifa en 1834, en 1854-1855 y en 1886, dejando una elevada cuota de muertos. Siempre se responsabilizaba al arroyo de facilitar la transmisión de la enfermedad, siendo “el único y verdadero foco de infección que existe en el distrito municipal”.
Intentos fallidos de desvío
La primera advertencia sobre la necesidad de desviar el río Angorrilla antes de alcanzar la muralla la hizo el síndico Manuel Borrajo en febrero de 1776. Sin embargo, los regidores no apoyaron entonces esta idea debido al excesivo esfuerzo económico que requería, estando las arcas municipales completamente vacías.
El gobernador Pedro Lobo y Arjona presentó en 1796 esta solución del desvío como parte de un plan de mejora general de Tarifa, que tomaba un renovado interés militar. El mismo ministro Manuel Godoy se involucró en esta empresa, haciendo venir al intendente Antonio González Salmón en 1805 para unir la Isla de las Palomas con tierra firme. Pero la gran inestabilidad política y militar del momento demoró los trabajos hasta que en 1807 se planteó la urgencia de acometer diversas obras públicas, entre ellas “el dar dirección por fuera de la ciudad o cubrir el arroyo que la atraviesa”. Con la guerra de la Independencia (1808-1814) todo quedó en el aire hasta que González Salmón retomó la dirección de las obras en 1814, incidiendo en el abastecimiento de agua y en librar al vecindario de “la fetidez que causa la detención durante el verano en la madre del arroyo”. Pero no hubo manera.
Una nueva propuesta fue presentada por el tarifeño José Illescas en 1840, que la Diputación provincial dio por buena. En 1841 se intentó que viniese un ingeniero de Caminos a fin de levantar plano y formar presupuesto de la obra para “dar nuevo curso al arroyo-cloaca que atraviesa la ciudad”. De nuevo cayó en saco roto.
El Ayuntamiento recuperó en 1863 el proyecto de la desviación para prevenir brotes epidémicos y las inundaciones del invierno. A finales de 1864 se desplazó a Tarifa el arquitecto provincial con objeto de inspeccionar el terreno, plantear los planos y demás operaciones necesarias. Pero en esas se presentó la temida epidemia de peste, con lo que el asunto quedó en trabajos superficiales de prevención sanitaria.
A pesar de todo, la planificación y el presupuesto ya estaban hechos al terminar la década de 1860, si bien todavía faltaba un factor imprescindible: su catalogación como obra de utilidad y necesidad pública. La corporación municipal así lo aprobó en julio de 1874 y fue revalidado por el gobernador civil provincial.
En junio de 1882 fue aprobado el plan de alineación de las calzadas intramuros a ambos lados del arroyo, cuyas condiciones técnicas formalizó en marzo de 1883 el arquitecto jefe provincial, Juan de la Vega. Pero otra vez se frustró todo debido a la gravísima situación social, padeciéndose una terrible hambruna, y por las noticias de una nueva pandemia.
Se excava el túnel, por fin
El desvío del arroyo fue considerado de urgente ejecución tras la espantosa epidemia colérica de 1886, que causó numerosas muertes en Tarifa. Cuando en marzo fue declarada extinguida la enfermedad, se cumplimentaron los trámites y se echó mano de ilustres personajes relacionados con Tarifa: Vicente Calvo y Valero, obispo de Cádiz; Alonso Álvarez de Toledo y Caro, conde de Niebla, diputado a Cortes; y Carlos Núñez Lardizábal, diputado provincial y exalcalde. Los tres llevaron a cabo importantes gestiones ante las altas instancias que luego les fueron reconocidas por la ciudad. Así, Carlos Núñez informaba detalladamente al gobernador civil, achacando al arroyo-cloaca las pésimas condiciones de salubridad en el pueblo, hasta el punto de que la gente huía atemorizada por el riesgo de infección. Por su parte, el gobernador civil remitía al ministro de la Gobernación el expediente del Ayuntamiento para la “desviación del arroyo que pasa por el centro de aquella importante ciudad, foco actualmente de maléficas miasmas y amenaza constante contra la salud de aquellos vecinos”.
Para costear las obras, el Ayuntamiento rescataría láminas o títulos invertidos en deuda perpetua del Estado con el dinero ingresado años atrás por la venta de tierras concejiles. El Ministerio autorizó esta operación en diciembre de 1886, procediéndose de inmediato a organizar la subasta pública para la construcción del túnel y del alcantarillado del cauce intramuros. Se adjudicó en junio de 1887 por 132.999,90 pesetas a la postura realizada en Madrid por Ramón Sabugo y García, testaferro del empresario jerezano Manuel Solís y Martínez. Aunque este era el contratista, las obras serían ejecutadas por Juan y Manuel Pazos Laroche, vecinos de Tarifa, que actuaban como sus representantes. El túnel propiamente dicho se presupuestó en algo más de 75.000 pesetas, pero su coste final ascendió a 121.690.
Los trabajos fueron inaugurados el 15 de julio de 1887 con un acto solemne en la zona del Retiro y con diversos festejos hasta el día 17: fuegos artificiales, iluminación extraordinaria del pueblo, reparto de pan y carne a los pobres, suelta de toros por las calles, etc.
La excavación no suponía mucha dificultad al estar el terreno compuesto de roca arcillosa de una dureza mediana, la llamada biscorniz o marga dura. Esta particularidad también facilitaba el trabajo de picar y de transporte del material. Su inconveniente era que este tipo de roca se descompone fácilmente al contacto con el aire, la luz y el calor. De hecho, al perforar el túnel se produjo un corrimiento de tierras que obligó a reforzar la boca de entrada con doble ladrillo.
Hubo algunas incidencias más, entre otras el fallecimiento del contratista, Manuel Solís, por cuyo motivo se suspendieron los trabajos en marzo de 1888 durante más de tres meses. Se reanudaron a mediados de junio por cuenta de su viuda, Carmen Rojas, que se hizo cargo de la empresa, concluyéndose la perforación a finales de octubre. Además, el 17 de diciembre ocurrió el temido desbordamiento del arroyo, ocasionando deterioros en ambas bocas del túnel y en el casco urbano, culpándose a la constructora por haber acumulado en el cauce toda la tierra y roca extraída. A eso se añade que la comisión municipal de obras detectó fallos en la construcción, y no pocos: se habían desprendido ladrillos de la bóveda, se observaban filtraciones en varios puntos, los muros en talud en la desembocadura no estaban dispuestos en ala, etc.
Tras una seria advertencia a la viuda de Solís para que terminase la obra de acuerdo con las condiciones contratadas y modificaciones pactadas posteriormente, los trabajos quedarían acabados a principios de mayo de 1889. A mediados de julio se personó el arquitecto provincial, efectuándose el reconocimiento y entrega de la obra el día 17, justo dos años después de haberla comenzado. A finales de enero de 1890 se solicitó del arquitecto provincial Amadeo Rodríguez la liquidación final, en la que la comisión municipal de obras informó de unas cuentas infladas a favor de la contratista, siendo denunciado por los ediles tarifeños. Sin embargo, estos terminaron por retractarse en su grave acusación a este funcionario y pidieron en octubre su presencia para la recepción definitiva de las obras.
En julio de 1891, el ingeniero Enrique Martínez inspeccionó las obras, que estaban prácticamente terminadas. Algunas anomalías detectadas fueron reparadas por Manuel Pazos, que, según el Ayuntamiento, “cuando conviene a la señora contratista de las obras del arroyo se dice su representante y cuando no le conviene no”. Sin embargo, seguían las discrepancias por las cantidades que Carmen Rojas pretendía cobrar y las que el Consistorio entendía que se ajustaban a lo ejecutado.
Estas diferencias fueron un motivo más para las trifulcas entre concejales de los distintos grupos políticos, enturbiando tanto la vida ciudadana que en la prensa local se decía a finales de 1892: “Estamos sobre una mina de pólvora con las obras del túnel”. Además, el enfrentamiento con la contratista agravó el problema sanitario, ya que el alcantarillado del cauce urbano se dilató varios años, quedando estancadas y al descubierto la basura y la inmundicia de las letrinas. Tras muchos tomas y dacas entre ambas partes, finalmente hubo acuerdo en la cantidad a liquidar.
Al fin, en octubre de 1893 informaba la contratista de haberse hecho las últimas reparaciones necesarias, solicitando la rescisión del contrato. No obstante, el Ayuntamiento nunca aceptó oficialmente la recepción del túnel como obra concluida.
Sus características principales son: 195 metros de longitud en línea recta, con entrada en el Retiro y salida en la Caleta con una caída escalonada del agua antes de alcanzar la orilla del mar. La capacidad de acogida de aguas es de 3,20 metros de ancho por 2,80 de alto, esto es, nueve metros de luz. La pared del túnel está completamente revestida con ladrillos y encima una ligera capa de hormigón hidráulico. El piso está pavimentado con adoquines de piedra de 28x14x14 centímetros.
Quizás pueda juzgarse como una obra de ingeniería más bien modesta, pero constituyó un hito de la mayor relevancia para la ciudad, que al verse libre de las desastrosas riadas experimentó una extraordinaria transformación urbana. Incluso cabe otorgarle una proeza que difícilmente se le encuentre parangón: hacer que un modesto arroyo mude su desembocadura de un mar a otro, y con solo canalizar su curso apenas 200 metros. Eso sí, admitiendo que la Isla de Tarifa marca los límites entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, como así lo entienden y declaran los tarifeños.
La obra presenta actualmente desperfectos de consideración en el pavimento, en el muro de salida y en los taludes de la desembocadura, cuya reparación parece poco costosa si es que no van a más. Ojalá que quien tenga competencias en el asunto le ponga pronto remedio. Ya veremos si sí o si no.
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