Tarifa a mediados del siglo XVIII, según el catastro de Ensenada

El catastro de Ensenada

Se llama así al censo mandado realizar por el I marqués de la Ensenada, Zenón Somodevilla y Bengoechea (1702-1781), uno de los más destacados políticos españoles del siglo XVIII. Proclive al ideario de la Ilustración, ocupó importantes cargos con tres reyes distintos: Felipe V, Fernando VI y Carlos III. Fue ministro de Hacienda entre 1743 y 1754. En 1749, en el reinado de Fernando VI (1746-1759), ordenó la confección de un registro de la riqueza de España a fin de conocer con exactitud la situación social y económica del país. El objetivo era la reducción de diversas rentas provinciales (alcabalas, Millones, etc.) a una llamada Única Contribución. Un proyecto de reforma fiscal en toda regla que pretendía simplificar la recaudación ganando eficacia tributaria, pero que no llegó a cuajar.

El Catastro no es otra cosa que una consulta a gran escala con una batería de cuarenta preguntas que debían responder las autoridades locales de las distintas poblaciones de la corona de Castilla. En concreto, se trata de un “Interrogatorio a que han de satisfacer, bajo de juramento, las justicias y demás personas que harán comparecer los intendentes en cada pueblo”. Quedaban exceptuados del cuestionario el País Vasco, Navarra y el reino de Aragón (Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares).

Se presenta en dos modalidades: las Respuestas Particulares, con información específica y detallada de todos y cada uno de los vecinos; y las Respuestas Generales, a modo de resumen aclaratorio. Además, posteriormente fueron efectuadas y anotadas las “Comprobaciones” de los datos obtenidos en las Respuestas Particulares. En conjunto, conforma un colosal cuerpo documental de extraordinario valor para el estudio de la España del Antiguo Régimen.

Las contestaciones al interrogatorio contienen una información minuciosa sobre los más variados aspectos de la sociedad y la economía local. Nos habla sobre las características de la población y de su territorio, de la composición profesional, de las actividades comerciales e industriales, de la fiscalidad, etc. No ha de extrañar que el sector agrícola sea el que acapara mayor atención, ya que constituía la base de la economía tradicional.

Aspectos poblacionales y urbanísticos

El 28 de febrero de 1752 se reunieron los componentes de la comisión de tarifeños designados para recabar toda la información requerida, respondiendo a las preguntas del cuestionario. Empieza con el nombre de la población, su condición jurisdiccional, y su territorio, contestándose que se llama “Ciudad de Tarifa de la Frontera”. La catalogación de ciudad data de finales del siglo XVI, cuando pasó a la jurisdicción real, dejando de ser villa de señorío en posesión del marqués de Tarifa. Y adjetivarse “de la Frontera” tiene su explicación en haberlo sido entre cristianos y musulmanes en los remotos tiempos medievales. El término municipal era prácticamente el mismo que en la actualidad, con la particularidad de que limitaba “a Levante con el término de la ciudad de Gibraltar”, refiriéndose a San Roque como heredera de Gibraltar desde que esta plaza se perdió en 1704. Algeciras y Los Barrios se segregaron de San Roque pocos años después de la confección del Catastro.

Contaba Tarifa entonces con 1.600 vecinos o unidades familiares, que venían a ser unos 7.200 habitantes; una cuarta parte de ellos, pobres de solemnidad. La inmensa mayoría eran jornaleros que trabajaban en el campo, sobre todo en las grandes fincas en el entorno de la laguna de La Janda, propiedad del duque de Medinaceli, pero arrendadas a las mayores fortunas locales. El Catastro contabiliza mil jornaleros, a los que añade 29 milicianos, que cobraban de media un jornal de 1,5 reales.

El núcleo urbano se componía de 600 casas, de las cuales 40 se encontraban en completa ruina y otras 50 poco menos que inhabitables.

Había dos conventos: el de la Santísima Trinidad (trinitarios calzados), con 36 frailes; y el de San Juan de Prado extramuros, con 21 integrantes. Además, profesaban 38 clérigos seculares, a los que se añadían 17 músicos y sacristanes, un pertiguero, un campanero y un enterrador con su ayudante.

Los hospitales existentes eran dos: el de la Misericordia o de San Bartolomé, que prestaba servicio a enfermos pobres y recogía a niños expósitos; y el hospital fundado en 1555 por el regidor Juan Ximénez Serrano, el llamado Hospitalito, que sustentaba a tres enfermos y dedicaba lo restante de su renta para casar a huérfanas y a pagar el rescate de cautivos cristianos.

Organización y gestión municipal

El Ayuntamiento estaba encabezado por el corregidor como primera autoridad, con amplias funciones civiles y militares, que en aquel momento lo era Gonzalo de Rojas Maldonado. Le seguía el alférez mayor, de carácter castrense, que podía hacer de lugarteniente del corregidor. Los oficios de regidores eran doce, aunque entonces sólo ocho ejercían; los cuatro restantes se encontraban vacantes hasta que sus propietarios los ocuparan por sí mismos o por venta o cesión a terceros, dado que el cargo era considerado como propiedad privada. Había dos oficios de jurado, con voz pero sin voto en el cabildo, aunque sólo uno estaba entonces ocupado. Se completaba la composición del concejo con dos escribanos de cabildo.

Otros operarios de la gestión municipal eran un mayordomo y un depositario de Propios, un depositario del pósito de granos y otro de los arbitrios, dos porteros del Ayuntamiento, un pregonero, un relojero, un correo mayor entre Tarifa y el Campo de Gibraltar y verederos con Jerez, Sevilla y Granada, etc.

Pertenecían a la Corona los oficios de: padre de menores, fiel del peso de la harina, receptor de carnes y fiel de su peso, alguacil mayor del campo, y la correduría de la alhóndiga.

De la administración de las distintas rentas que generaba la población se encargaban sus respectivos responsables, que solían ser un juez conservador, un administrador y algunos dependientes. Es el caso de las rentas provinciales, las rentas de aduana y tabaco, la renta de las salinas, las alcabalas o impuesto sobre la compraventa. Para la gestión de las rentas particulares se contaba con seis administradores, dos de los cuales eran eclesiásticos.

Los bienes de Propios se componían de seis dehesas concejiles, que el Ayuntamiento ponía en arrendamiento: Ejido, Tabla, Joyas, Valle de Arriba, Quebrantamichos y Quebrantamichuelos. Además, las bellotas de los montes de las sierras de Enmedio, Bujeo, Joyas, Adargas, Cara de Plata y Pimpollar; los rastrojos y espigas de Facinas; varios locales en distintos puntos del casco urbano; un censo y el impuesto de la carnicería por cada cabeza de ganado sacrificado. Con todos estos bienes, los ingresos en las arcas municipales alcanzaban los 35.000 reales al año.

La renta de la fábrica de jabón y su estanco pertenecía al duque de Medinaceli por donación real. Al marqués de Balbases correspondían las alcabalas o impuesto en la compraventa de los productos que se compraban y vendían en la ciudad. La Corona se las había cedido en 1684 por una elevada suma y la obligación de pagar los salarios del alcaide y soldados del castillo.

Los variados gastos del Ayuntamiento suponían un montante anual de unos 32.000 reales. Comprendían los sueldos de los cargos y operarios municipales: corregidor, regidores, jurados, escribanos de cabildo, pregonero, además de otros diversos empleados. Otra partida se destinaba a la conservación de la infraestructura urbana: empedrado de calles, la constante reparación de puentes, reposición de los rastrillos de la entrada y salida del arroyo que cruzaba el pueblo, etc. Capítulo importante era el gasto de guerra y defensa, como el mantenimiento de los cuarteles de Infantería y Caballería, el pago a los torreros y atajadores de costa, alojamiento y manutención de tropas en continuo tránsito entre Cádiz, Ceuta y Campo de Gibraltar, etc. Se sufragaban las dos fiestas religiosas votivas tradicionales: Corpus Christi y San Mateo. La de la Virgen de la Luz no se menciona debido a que las poblaciones tenían permiso para costear una sola fiesta patronal; no obstante, la realidad es que también entrañaba un gasto desde 1750, que es cuando se designó patrona de Tarifa.

Sociedad y aspectos económicos

El comercio tarifeño consistía en catorce tiendas de comestibles, ocho mercaderes de telas, un confitero, una carnicería, un mesón y siete tabernas, dos abastecedores de aceite. Operaban algunos hornos de pan en casas particulares. Molinos harineros había 13, de los que cinco eran propiedad de eclesiásticos y ocho de seculares. Al transporte de mercancías se dedicaban 30 harrieros, y 14 embarcaciones ejercían el comercio con otros puertos cercanos, principalmente con Ceuta.

Desempeñaban sus labores los siguientes artesanos: un platero con su oficial, cinco maestros de albañil y nueve albañiles, cinco carpinteros y tres oficiales de carpintero, seis maestros albéitares (veterinarios) y un oficial, dos maestros herreros y cerrajeros con un oficial, cinco maestros zapateros de obra prima con diez oficiales, dos maestros zapateros de lo grueso con tres oficiales, dos maestros sastres y un oficial, dos maestros alfareros con cinco oficiales, un tonelero con dos oficiales de tonelero, tres maestros armeros, un curtidor, un zurrador, dos talabarteros, tres maestros barberos con ocho oficiales, cinco carpinteros de lo grueso, dos carpinteros de rivera y tres tablajeros.

La ciudad sólo contaba con un médico hasta junio de 1752, y con dos desde esta fecha, además de un cirujano y cuatro boticarios.

Había dos escribanos de cabildo, cinco escribanos públicos, un escribano del impuesto de Millones, cuatro abogados y un notario de la vicaría eclesiástica.

La enseñanza estaba a cargo de dos maestros de primeras letras; y para la escuela de grado medio, un profesor de Gramática o Letras Humanas.

Existían tierras de regadío, en las que se cultivaba buenas hortalizas. Otras se dedicaban a viñas, naranjos y otros árboles frutales, arboledas, pastos y alcornoques. Sin embargo, las que mayor extensión ocupaban eran las tierras de laboreo o secano, con una cosecha muy importante de trigo y cebada, además de garbanzos, habas, zahína y alberjones.

El término municipal tenía unas mil colmenas, de las que se obtenía miel y cera.

La ganadería representaba un gran peso económico, tanto por la cantidad como por la variedad de especies: ganado vacuno, caballar, de cerda, ovejas y cabras. Esta cuantiosa cabaña disponía de extensos terrenos de realengo dedicados a pastos.

El sector pesquero contaba con 15 patrones de embarcaciones y 116 marineros matriculados. Las barcas dedicadas a la pesca eran 17. La casa ducal de Medina Sidonia disfrutaba desde época medieval de la exclusividad de la pesca del atún en la almadraba de Tarifa, como en las de toda la costa atlántica andaluza.

Sobre la producción agrícola y ganadera se cobraban varios impuestos, siendo el principal el diezmo eclesiástico, o sea, el 10 % de lo cosechado en trigo y cebada, pero también del ganado: corderos y su lana, becerros, cabritos, etc. No obstante, parte de este tributo era cedido por la Iglesia a la monarquía mediante las llamadas tercias reales. Los tarifeños estaban en teoría exentos de alcabalas, el impuesto sobre la compraventa, por privilegio de Sancho IV, pero la realidad es que sí se venía abonando. De hecho, su cobro concernía al marqués de Balbases a cambio de haber éste satisfecho previamente una fuerte suma a la Corona.

Como hemos constatado, el catastro de Ensenada nos ofrece una radiografía bastante fidedigna de la sociedad y de la economía tarifeñas del siglo XVIII. Esta ingente documentación se custodia en el Archivo General de Simancas (Valladolid), pero en el archivo municipal de Tarifa también existe un volumen encuadernado de las Respuestas Generales y fotocopias de las Respuestas Particulares.