Tarifa da el primer paso para la gran transformación de su frente marítimo a lo largo de más de 700 metros en Los Lances
El Ayuntamiento y una empresa del ex futbolista Borja Merayo, Granparcela SL, firman un borrador de convenio para la futura ordenación urbanística de 150.000 metros cuadrados en una de las más cotizadas del litoral de Cádiz
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Tarifa/El Ayuntamiento de Tarifa y una empresa de la que es administrador único el ex futbolista Borja Merayo Pérez, Granparcela SL, han suscrito un borrador de convenio urbanístico que supone el primer paso de una larga lista de trámites que concluirán, de llegar a buen puerto, con una ambiciosa transformación del actual frente marítimo del municipio, en la playa de Los Lances y en las inmediaciones de la emblemática isla de Las Palomas, punto de encuentro del océano Atlántico y el mar Mediterráneo. La inmensa mayoría de las edificaciones que se levantan a lo largo de esos más de 700 metros de longitud y 148.242 metros cuadrados serían demolidas para dar paso a viviendas y hoteles, principalmente, en una de las zonas más cotizadas de la provincia de Cádiz.
El proyecto, no en vano, prevé el traslado de la fábrica de conservas La Tarifeña y el derribo de la nave de la empresa Los Almadraberos, en el barrio de La Chanca, además de la reubicación en otras zonas del municipio de tres centros públicos educativos -dos institutos de enseñanza secundaria y un colegio-, del polideporivo municipal, del depósito municipal de vehículos y, llegado el caso, del tanque de tormentas y hasta de la estación de bombeo de aguas residuales.
La empresa de Borja Merayo -que es o fue titular de, al menos, otras trece sociedades mercantiles- "tiene firmado un contrato de compraventa privado con condición resolutoria sobre los terrenos que ocupan en la actualidad la fábrica de conservas La Tarifeña y un contrato con opción de compra sobre la Nave de los Almadraberos", según figura en el borrador del convenio, que por veinte días y por decreto de la Alcaldía del pasado 28 de agosto se encuentra en información pública, una vez publicado el pasado día 2 en el tablón de anuncios electrónico del Consistorio.
Los dos contratos en poder de Granparcela SL, según el texto suscrito por el Consistorio de Tarifa en la persona de su alcalde, José Antonio Santos, y por Merayo, hace que el Ayuntamiento considere a la empresa de este último como "propietario privado mayoritario, en cuanto al que más superficie de suelo lucrativo posee en el ámbito de la actuación". Bajo esa condición, Granparcela SL actúa en el procedimiento en marcha "como promotor y, en su caso, financiador, de la iniciativa, al carecer el Ayuntamiento de recursos técnicos y humanos tanto para la elaboración de los instrumentos de ordenación que deben tramitarse, como para la posterior renovación de la urbanización, promoviendo, igualmente, la asistencia del resto de propietarios, aunándose todos ellos, o los que opten por ello, en la aplicación del sistema de actuación por compensación", reza el borrador.
Una "barrera" de más de 700 metros
Justifica el Ayuntamiento que el PGOU de Tarifa, en la cara del municipio que mira hacia Los Lances, recoge a día de hoy "una ordenación urbanística heterogénea, previendo usos industriales en unión a usos residenciales, con edificaciones diseminadas y diversas tipologías, así como diferentes equipamientos (escolares, deportivos y comunitarios) no vinculados al frente marítimo", los cuales han contribuido a crear "una auténtica barrera física entre el núcleo urbano principal de Tarifa y el espacio litoral, incluso ocupando gran parte de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) a lo largo de más de 700 metros", desde el castillo de Santa Catalina hasta la primera bolsa de aparcamiento que se ubica pasada la piscina municipal.
Ante esta situación, el Consistorio "pretende propiciar una actuación de reforma interior" que finalmente busca una nueva ordenación urbanística sobre 148.242 metros cuadrados de suelo que presenta "obsolencia de servicios, degradación del entorno y la inevitable necesidad de modificar los usos existentes", ajustándose a la Ley de Costas y favoreciendo el uso público del frente litoral, con "aparcamientos y accesos al mar suficientes". Los pilares para esta futura transformación son, sentencia el convenio, el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar y la Ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.
Objetivos del Plan de Reforma Interior
El convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Tarifa y Granparcela SL marca como "imprescindible" el cumplimiento de tres objetivos a través de un nuevo Plan de Reforma Interior (PRI). El primero de ellos, el traslado de La Tarifeña y Los Almadraberos, cuya construcción data de principios del siglo XX, a un polígono industrial, una mudanza que preocupa tanto a los trabajadores como a los sindicatos. "Su cambio a otro emplazamiento más apropiado es una exigencia ineludible, así como el cambio de uso de los terrenos en los cuales se ubican", señala el acuerdo entre el consistorio y la empresa.
El segundo objetivo es la "sustitución" de tres centros educativos y de algunos equipamientos, como el polideportivo municipal, a causa de "su antigüedad y deficiente estado de conservación". De este modo, el CEIP Nuestra Señora de la Luz, el IES Baelo Claudia y el IES Almadraba serán trasladados a la zona de La Marina y El Olivar.
Finalmente, indica, "como aspiración que no constituye elemento esencial ni objetivo imprescindible", se estudiará la reubicación de la estación de bombeo y aguas residuales (EBAR) y de la cámara de tormentas.
Como máximo, un 15% de los terrenos del nuevo frente litoral podrán emplearse para uso turístico, mientras que el promotor tiene la obligación de dedicar más del 70% para uso residencial, reservando un 20% de este para vivienda protegida o VPO, tal y como establece la normativa.
Plazos, permisos y consulta pública
Borja Merayo, en calidad de promotor, "se compromete a poner los medios humanos, materiales, técnicos y económicos necesarios para la redacción y presentación de los documentos precisos para la tramitación y aprobación" de la futura transformación urbanística, además de cumplir una serie de plazos. Señala el convenio que, en un máximo de tres meses, se presentará en el Ayuntamiento el avance del Plan de Reforma Interior (PRI) para celebrar una consulta pública. Después continuarán los trámites para obtener el Informe Ambiental Estratégico (IAE). En cualquier caso, ambas partes pactan, como condición esencial del convenio, que la fecha de aprobación definitiva del PRI no puede extenderse más allá del 31 de diciembre de 2026.
Finalmente, el documento indica que Merayo "podrá asumir la financiación de la transformación urbanística, además de prestar sus servicios profesionales especializados, como empresa urbanizadora, en cuyo caso podrá ser retribuida, total o parcialmente, con parcelas o solares". Y añade: "Todos los propietarios, incluidas las Administraciones, tienen la obligación de poner a disposición los terrenos para ejecutar la urbanización, una vez aprobado el proyecto de reparcelación".
Merayo militó en el Almería en la temporada 2004-05, en Segunda División, y en el UD Marbella en la 2005-06.
"Pelotazo urbanístico"
El grupo político Verdes de Europa Tarifa considera que la propuesta urbanística es un "pelotazo urbanístico" a la vez que denuncia que el Ayuntamiento, en manos del Partido Popular y Nuevos Aires Tarifa, ha aprovechado la celebración de la Feria de la ciudad, la cual arrancó el pasado domingo, 1 de septiembre, para presentar este borrador de convenio "que terminará cambiando radicalmente la Tarifa que conocemos bajo lo que denominan Plan de Reforma Interior", indica a través de una nota.
Los Verdes presentan el plan como una "especulación nunca vista" y consideran que el PRI supondrá "una subasta de Tarifa al mejor postor". Por ello, piden a la ciudadanía que lea el documento borrador, el cual califican de "descabellado" por convertir al municipio en un “parque de atracciones turístico”. Añaden que Granparcela SL, que se constituyó en febrero de 2022 con un capital social es de 3.100 euros, "pretende quedarse con buena parte de infraestructuras públicas básicas para el municipio".
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