Ruiz Boix apunta a un conflicto de intereses en la demanda de Jorge Benítez al Ayuntamiento de Tarifa

Tarifa/El secretario general del PSOE de Cádiz y alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, apunta a un posible conflicto de intereses en la reclamación de 75.000 euros por daños morales al Ayuntamiento de Tarifa presentada en 2016 por su ahora primer teniente de alcalde y portavoz de Nuevos Aires Tarifa (NAT), Jorge Benítez, cuya vista se celebró este miércoles en el Juzgado de lo Social de Algeciras. Benítez, cuestionado por Europa Sur sobre este asunto, afirmó que es su abogado el que sigue adelante con el caso y que él ya "ha pasado página". Sobre estas declaraciones, Ruiz Boix ha afirmado: "Un abogado no ejerce ninguna actuación individual en su nombre, sino como representante de Jorge Benítez, y hay un claro conflicto de intereses y una clara incompatibilidad", ha indicado el responsable socialista este jueves en una rueda de prensa.

La reclamación contra el Consistorio fue formulada por Benítez cuando policía local en el municipio, un año después de que hubiera denunciado por coacciones al entonces alcalde, Juan Andrés Gil (PP). Ya en 2021, logró que el Juzgado de lo Social le reconociera una incapacidad permanente para seguir trabajando como agente a causa de las graves secuelas que aquellos hechos le habían provocado. El ahora teniente de alcalde y máximo responsable del socio de gobierno del PP en el Ayuntamiento tarifeño presentó en 2015 una denuncia contra Juan Andrés Gil después de que este le requiriera "de forma intimidante" que retirase una multa de aparcamiento impuesta el 5 de enero de ese año (día de la Cabalgata de Reyes) al vehículo del entonces concejal de Turismo, José Antonio Santos, actual alcalde del PP, con quien Benítez también mantuvo ese día una agria discusión.

Ruiz Boix lanzó varias preguntas sobre este asunto. "¿Cómo ha defendido el Ayuntamiento de Tarifa sus intereses y los de los tarifeños en el juzgado? ¿Qué instrucciones llevaba el abogado, era un funcionario neutro o tenía alguna instrucción encomendada por el alcalde y su socio de gobierno? ¿Podría darse el caso de que el Ayuntamiento se allane y se beneficie Benítez por formar parte del equipo de gobierno? Venimos a denunciar este conflicto de intereses. Benítez dice que es cosa de su abogado, pero este siempre responde ante un cliente, y no puede esconderse detrás de él", planteó el socialista.

El secretario general del PSOE de Cádiz también cuestionó la capacidad de Benítez para dirigir la delegación de Seguridad Ciudadana. "El episodio de las coacciones que sufrió finalizó con un expediente de invalidez permanente total y no puede ejercer de policía, pero sí puede dirigir la delegación de Seguridad Ciudadana", indicó.

En la demanda de reclamación de los 75.000 euros, más intereses los legales, contra el Ayuntamiento presentada por el abogado de Benítez se indica literalmente: “Nos encontramos ante un trabajador sensible (por mor de sus rasgos de personalidad) y cuya sensibilidad empero no fue detectada a tiempo (a través del oportuno Servicio Médico, claro está) por el Ayuntamiento que lo empleaba: lisa y llanamente, porque tal entidad local (así lo dice de forma expresa la última de las sentencias del Juzgado de lo Social 1 de Algeciras) ni adoptó el obligado Plan de Prevención de Riesgos Laborales ni tampoco empleó medio alguno ni tendente al descubrimiento y tratamiento en el plano laboral con la finalidad de minimizar el riesgo del productor y evitar su daño”.

Para el abogado del primer teniente de alcalde, el Ayuntamiento le adscribió a un puesto de trabajo como policía local “claramente incompatible con sus características personales conocidas”. Además, añade, lo expuso “vicarialmente, nada menos que a través de dos de sus máximos cargos políticos, un concejal (en referencia a Santos) y al propio alcalde, a un agente nocivo que, de manera indubitada, originó daños para la salud del trabajador”. La prueba “evidente”, señala la demanda, es que Benítez “está ya incapacitado de forma permanente e irreversible para el desarrollo de su profesión como policía local”.

Denuncia por falsificación de firmas

Ruiz Boix también se refirió a la denuncia que tres funcionarios del Ayuntamiento de Tarifa han interpuesto ante la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil por la presunta utilización de las firmas de dos de ellos para introducir, sin su conocimiento, modificaciones en el plan de playas del municipio. "Queremos saber si el alcalde ha decidido ya abrir un expediente disciplinario en el Ayuntamiento para investigar cómo se modificó ese plan de playas, quién lo modificó y quien falsificó la firma de hasta tres funcionarios que ante esa realidad han debido acudir ante la Justicia a denunciar”, indicó.

El líder del PSOE insistió en que es necesario saber “qué buscaban con esa modificación y que está investigando la Policía judicial”. “Nos parecen muy pobres las declaraciones del alcalde trasladado su confianza hacia el departamento de Nuevos Aires”, dijo el representante socialista, que insistió en que “lo que queremos saber es si piensa seguir confiando ante responsables políticos y posibles asesores de esos responsables que pudieran estar detrás de esa falsificación de formas”.

“Esa falsificación sobre la que han iniciado denuncia los tres funcionarios es de una gravedad como para que el alcalde tome las riendas del expediente y explique a los vecinos cuál es la situación y si se va a exigir alguna responsabilidad política como el cese del socio que le mantiene en la alcaldía”, resaltó Ruiz Boix.