Tarifa no se vende critica que se pretenda retomar el convenio con Granparcela para reformar el frente litoral

Tarifa/La plataforma Tarifa no se vende ha mostrado este miércoles su disconformidad con los planes del gobierno municipal de Tarifa para retomar, en un futuro, el convenio para la reordenación del frente litoral con la empresa Granparcela. El convenio quedó aparcado ante la presión social en contra de la iniciativa, si bien el concejal de Urbanismo, Jorge Benítez, confirmó a principios de semana en una entrevista publicada por Europa Sur la voluntad de rescatar el proyecto.

"En la reforma del frente litoral prácticamente hay un único compañero de viaje, que es Granparcela como segundo propietario mayoritario, después del Ayuntamiento, al ser los dueños de los suelos de la almadraba y la fábrica de conservas. Hay que ir con mucha cautela y siempre asegurando el bien común, pero quienes son los propietarios e impulsores no podemos cambiarlo", sostuvo Benítez, quien apuntó que el convenio prevé que se ejecuten primero todos los equipamientos públicos y, posteriormente, las viviendas y servicios privados.

Pese a estas afirmaciones, Tarifa no se vende considera que la prioridad "debería ser garantizar el acceso a una vivienda asequible para los residentes locales y mantener los servicios públicos, en lugar de aumentar la oferta de alojamiento turístico, que ya se encuentra saturada. La construcción de nuevos desarrollos turísticos y viviendas de lujo no resuelve los problemas estructurales de Tarifa. Por el contrario, contribuye al desarraigo social y a la exclusión de quienes no pueden permitirse vivir en su propio pueblo".

El colectivo, que coincide con Benítez en la necesidad de elaborar un nuevo planeamiento municipal (PGOM), insiste en que la reforma del frente litoral debe hacerse con participación ciudadana. Algo a lo que el concejal también alude en la entrevista publicada por este periódico.

No obstante, Tarifa no se vende discrepa con los planes municipales para la promoción de viviendas protegidas. "Durante la última campaña electoral, el gobierno municipal prometió 400 viviendas protegidas. Sin embargo, el objetivo actual se ha reducido drásticamente a tan solo 97. ¿Qué ha pasado con las otras 300?", se pregunta la plataforma. A su vez, la entidad considera que los emplazamientos para levantar las 97 VPO sobre el antiguo Matadero y el colegio de Extramuros no es el más adecuado "en una zona densamente habitada que no cuenta con servicios ni equipamientos".