Tarifa, punto y seguido

Menos de un mes ha durado el intento del Ayuntamiento de Tarifa y de la promotora Granparcela SL para activar una reforma total del frente litoral de la playa de Los Lances, un plan que abarcaba casi 150.000 metros cuadrados de suelo, distribuidos a lo largo de más de 700 metros junto al paseo marítimo. Presionado desde múltiples frentes y sin el apoyo de su partido, el PP, el pasado jueves y de improviso, el alcalde, José Antonio Santos, anunció la retirada del proyecto en aras de "preservar la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública".

Santos, en representación del Ayuntamiento, y el empresario y ex futbolista Borja Merayo, como máximo accionista de Granparcela, habían reflejado las líneas maestras de sus intenciones en un ambicioso convenio urbanístico que ha pasado a mejor vida cuando apenas llevaba unos días en proceso de información pública en el BOP.

Desvelado a la par por Europa Sur y Los Verdes el 4 de septiembre pasado, el convenio fue rebatido duramente a las primeras de cambio por diversas organizaciones ecologistas, los partidos de izquierda, una plataforma ciudadana (“Tarifa no se vende”), un grupo de arquitectos residentes en la localidad, la comunidad educativa de los tres centros de enseñanza afectados y hasta por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, bajo el mismo signo político del alcalde. Informados por esta redacción de la existencia del convenio, los responsables de dicho departamento con sede en Torretriana, en Sevilla, anunciaron que se sumarían a la catarata de alegaciones contra el proyecto.

Fue en la ausencia de comunicación donde empezaron los problemas

Muy en resumidas cuentas y volviendo al principio, el convenio trataba de transformar de forma radical una zona que hoy es un cambalache de edificios y solares, abriéndola hacia la línea de costa mediante nuevos viales y construyendo viviendas de renta libre y protección oficial, además de un hotel y de un apartahotel, para transformarla en un área privilegiada y singular como pocas.

Ese espacio cuenta ahora con elementos tan fuera de lugar junto a la playa como el almacén de una antigua almadraba y una fábrica de conservas (La Tarifeña) en proceso de traslado, pero hay levantados también tres centros educativos públicos (dos institutos y un colegio que ocupan unos 25.000 metros cuadrados), un polideportivo municipal, una estación de bombeo y un tanque de tormentas que, a tenor del proyecto, también debían desaparecer de sus actuales enclaves. Y es ahí, y en la ausencia de comunicación, donde empiezan los problemas.

Con los datos expuestos, a nadie entra en la cabeza que ni los promotores -dueños ya de los suelos de La Tarifeña y del almacén adjunto- ni mucho menos el gobierno local no hubiesen calculado de antemano el enorme impacto social que su acuerdo iba a tener en cuanto saliera a la luz, por mucho que hubiese aparecido medio de tapadillo en la web municipal, mientras se celebraba la feria de Tarifa. De espaldas a los medios de comunicación, sin haber expuesto públicamente sus intenciones y sin haber abierto tampoco un periodo para recibir previamente las aportaciones de expertos en urbanismo, de los vecinos, de las ampas de los centros educativos, de los ecologistas y de la propia consejería, era imposible que el proyecto saliera adelante a las primeras de cambio.

Una transformación necesaria

Llegados a este punto, la reforma de ese espacio no puede quedar aparcada sine die y debe ser asumida como prioridad para que su degradación no vaya en aumento. Hay que cambiar el método y marcar horizontes temporales en los que prime el rigor sobre las urgencias. Ya los programas electorales de PP, PSOE y Nuevos Aires de Tarifa -el partido local coaligado con los populares en el Consistorio y que detenta el área de Urbanismo- pusieron el acento en ese espacio con ocasión de las últimas elecciones municipales. Es más, los socialistas planearon en sus años de gobierno la transformación del frente litoral y el traslado de los tres centros educativos a las mismas ubicaciones u otras cercanas a las recogidas en el frustrado convenio.

Tarifa ni puede ni debe renunciar a llevar a cabo esa reforma urbana; es más, se debería ampliar el perímetro de actuación

De lo que se trata es de dar prioridad a las demandas de los vecinos de Tarifa, esos cuyos hijos se ven forzados a pagar alquileres abusivos en pisos compartidos o a mudarse a Algeciras o Facinas. ¿Las 180 VPO previstas en el convenio eran suficientes para atender esas necesidades o será preciso elevar su número? ¿Es obligado trasladar los tres centros educativos a otra zona o solo uno o dos de ellos? ¿Habría espacio para levantarlos en las pastillas de suelo elegidas, teniendo en cuenta que las nuevas viviendas comportarán un alza de la población y más necesidades educativas? ¿Se puede evitar que esa futura milla de oro de Tarifa se llene mayoritariamente de segundas residencias y, por tanto, se transforme en un área desierta la mitad del año? ¿Qué espacio se reserva la iniciativa pública (el propio Ayuntamiento y la Junta de Andalucía) como agente activo a la hora de regular el mercado de la vivienda y sus precios? El proceso de participación ciudadana y de otras instituciones -proclamado tardíamente por NAT, cuando ya le veía las orejas al lobo- consiste precisamente en dar respuestas a esas preguntas, mucho más allá de la mesa camilla de la que surgió el ya frustrado convenio urbanístico.

El Ayuntamiento de Tarifa ni puede ni debe renunciar a llevar a cabo esa reforma urbana. Es más, debería ser mucho más ambicioso y ampliar el perímetro de actuación. Dos ejemplos, para los que se va tarde: recuperar totalmente el castillo de Santa Catalina y su entorno, para transformarlo en un activo turístico con contenidos, y desafectar de una vez la isla de Las Palomas para que su titularidad pase a Tarifa y se pueda construir en su interior un gran centro dedicado al Estrecho, bajo la batuta del maestro Guillermo Pérez Villalta. La decisión sigue en manos del Ayuntamiento.