La comunidad educativa de Tarifa, en contra del derribo de dos institutos y un colegio para construir nuevas viviendas en el litoral

Tarifa/Miembros de la comunidad educativa de Tarifa han emprendido una campaña de recogida de firmas contra los planes urbanísticos del Ayuntamiento frente a la playa de Los Lances. Dichos proyectos implicarían, entre otras reformas, el derribo de tres centros educativos públicos -en concreto, dos institutos, los IES Almadraba y Baelo Claudia, y el colegio Nuestra Señora de la Luz- para trasladar a los alumnos a otras instalaciones que aún no están construidas y que, además, se ubicarían en parcelas alejadas del paseo marítimo donde actualmente esos jóvenes y niños reciben clases.

La protesta, reflejada en las firmas adheridas a un manifiesto que ha sido repartido entre docentes, personal no docente y miembros de las distintas asociaciones de madres y padres de alumnos, se presentará este jueves en el Consejo Escolar Municipal.

"Todas las instalaciones pueden ser mejorables, como en la mayoría de edificios públicos del municipio, pero ello no significa que no sean aptas", arranca el escrito, en respuesta al borrador del convenio urbanístico firmado entre el Consistorio y la promotora Granparcela SL, el cual expone que se requiere "la sustitución de los centros educativos y de algunos equipamientos deportivos por razones de funcionalidad y seguridad, su antigüedad y deficiente estado de conservación, por centros o equipamientos que se adapten a las necesidades actuales y cumplan los requisitos básicos relativos a la funcionalidad, a la seguridad y a la habitabilidad". Este argumento fue defendido días después por el primer teniente de alcalde y representante de Nuevos Aires, Jorge Benítez, en una comparecencia pública.

Los miembros de la comunidad educativa aseguran que desconocen en qué fundamenta Benítez dichas declaraciones, "que más bien parecen una opinión personal sin ningún criterio, ya que como concejal de Urbanismo no se le conoce ninguna puesta en contacto con los centros educativos para realizar, si fuese preciso, los estudios técnicos pertinentes que demuestren que no son aptos para atender al alumnado".

"En segundo lugar, no queda claro cuando habla de obsoleto si se refiere a la construcción y medidas de seguridad o a las características pedagógicas de cada centro, ya que en ningún caso argumentó por qué utilizó ese calificativo", prosigue el manifiesto. "En tercer lugar, señala que las medidas de seguridad son mínimas. Declaraciones no justificadas en ningún informe técnico que lo único que consigue es crear alarma social sobre la seguridad del alumnado, sin mencionar para nada la del profesorado. Todo ello obviando que dichos centros cuentan con los planes de autoprotección según normativa y homologados por las autoridades competentes", aclaran.

"En esta estrategia de la confusión", añade el manifiesto, "el señor Benítez olvida que los colegios han sido revisados en materia de seguridad por el propio Ayuntamiento. Que también se han realizado obras para adaptarse a las nuevas tecnologías a través de inversiones recientes realizadas en los últimos cursos".

El borrador del convenio solo habla de "centros obsoletos" en relación a los que están en el frente litoral y no hace referencia a otros colegios ubicados en otras zonas del municipio o en la campiña tarifeña, cuyas construcciones e infraestructuras son de fecha anterior a los centros que ahora se pretenden derribar

Prosigue el escrito que no se entiende que tanto el borrador del convenio como el primer teniente de alcalde "hablen solo de centros obsoletos en relación a los que están en el frente litoral y no se haga referencia a otros colegios ubicados en otras zonas del municipio o en la campiña tarifeña, cuyas construcciones e infraestructuras son de fecha anterior a los centros que se pretenden derribar y en los que se esperan mejoras ya solicitadas".

"Estas declaraciones muestran un desconocimiento y una falta de querer informarse por parte del señor Benítez (como se suele decir: mezclar churras con merinas) al querer justificar con estos argumentos pedagógicos y educativos lo que simplemente es una operación urbanística". Y concluyen que lo que se pretende llevar a cabo en el frente marítimo de Tarifa "supondría la pérdida de suelo municipal dedicado a la educación".

"Tarifa es deficitaria en equipamiento educativo y cultural y, por ello, al usar los suelos proyectados como educativos, no para crear lo que se necesita, sino solamente para trasladar lo existente, se está amputando un posible crecimiento en esta área tan importante, ya que esos suelos proyectados y aún no construidos deberían dar respuesta al natural incremento de población y, por lo tanto, a la necesidad de mayores servicios educativos", explican sobre el traslado de los dos institutos y el colegio a parcelas en El Olivar y La Marina.

"Lo que pretenden llevar a cabo en el frente marítimo de Tarifa supondría la pérdida de suelo municipal dedicado a la educación"

"También resulta incomprensible que este concejal haya olvidado que hace menos de un año y medio todos los centros de Educación Infantil y Primaria de la ciudad han recibido una inversión municipal de cientos de miles de euros para su mejora y adaptación a la eficiencia energética y calidad ambiental. No podemos olvidar también que el edificio de Infantil del CEIP Nuestra Señora de la Luz no cuenta con 50 años de antigüedad como expresa el señor Benítez, sino solo alrededor de 15 años, por lo que reúne unas características extraordinarias para la atención del alumnado", corrigen en el escrito.

Finalmente, aseguran los firmantes que "el citado concejal tampoco ha querido tener en cuenta que la ubicación de los actuales centros educativos permite un aprovechamiento pedagógico con un potencial enorme para las actividades al aire libre, tanto deportivas como del conocimiento del medio", ya que se encuentran a pie de playa.

"Esta iniciativa urbanística nada tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y sí con un crecimiento fantasma de viviendas"

Los autores del manifiesto creen "que no han sido los intereses educativos de la población" lo que ha primado en las declaraciones de Jorge Benítez "y más bien es un argumento fallido para intentar justificar este tipo de operación urbanística con la que se intenta desplazar lo educativo a zonas secundarias y perder suelo de equipamiento educativo". Aseguran igualmente que, desde un punto de vista pedagógico, la iniciativa del Ayuntamiento de la mano de Granparcela SL "nada tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y sí con un crecimiento fantasma de viviendas que se quedarán solamente ocupadas en determinados meses del año". Por todo ello, solicitan al alcalde del municipio, José Antonio Santos (PP), "que no siga adelante con dicha propuesta urbanística".

"Los firmantes lamentamos, igualmente, la falta de sensibilidad del gobierno local con lo educativo. Especialmente se ha echado en falta que la concejala de Educación y el propio alcalde no hayan informado ni consultado previamente a los profesionales ante un tema de tanto calado. Y, por supuesto, aún menos comprensible, que se pueda firmar algo que conllevaría un grave perjuicio para la educación de los niños tarifeños, sin tan siquiera reunir al Consejo Escolar Municipal", acaba el escrito.