Puertos del Estado compró ocho millones de mascarillas por 20 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL en los primeros días de la pandemia del Covid, el 21 marzo de 2020. La operación, investigada por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, se produjo apenas un mes más tarde del cese del algecireño Salvador de la Encina como presidente del organismo autónomo público.

El contrato con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL fue formalizado por su sucesor en el cargo, el valenciano Francisco Toledo, nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta del entonces ministro de Transportes, el también valenciano José Luis Ábalos.

Salvador de la Encina.

Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL es una de las firmas que están siendo investigadas a causa del presunto cobro de comisiones a cargo de Koldo García Izaguirre, asesor del entonces ministro y secretario de Organización del PSOE, y detenido en Alicante el pasado día 20 por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Entre 2020 y 2022, Koldo García adquirió bienes que podrían alcanzar la cifra de 1,5 millones de euros

De la Encina cesó como presidente de Puertos del Estado el 24 febrero de 2020 tras solo once meses en el cargo y, por tanto, está desvinculado de la adjudicación del contrato de las mascarillas ahora bajo sospecha. En conversación con Europa Sur, De la Encina ha declinado hacer comentarios sobre las circunstancias que rodearon su cese, una decisión tomada sin explicaciones por Ábalos y que fue interpretada en su día como un paso para situar en Puertos del Estado a personas de su estrecha confianza y como un guiño a los sectores independentistas.

En declaraciones a Levante-EMV, Francisco Toledo ha asegurado que desconocía que Koldo García Izaguirre estuviera involucrado en trama alguna y que no tenía más contacto con él que el propio de ser miembro del consejo rector de Puertos de Estado. El expresidente del puerto de Castellón y de Puertos del Estado mantiene que el procedimiento de contratación fue impoluto y que las mascarillas se compraron a precio de mercado.

No obstante, el pasado día 20, la Guardia Civil se personó en la sede de Puertos del Estado para interesarse por los detalles del citado contrato y tomó declaración a varias personas, según El Mundo. Fue Ábalos, según este diario, quien firmó en marzo de 2020 la compra las mascarillas a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL.

Procedimiento negociado sin publicidad

El contrato de Puertos del Estado, según la información pública colgada en la Plataforma de Contratación, fue adjudicado a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL en un procedimiento negociado sin publicidad y su fin era el "suministro de mascarillas profilácticas ante el Covid en el ámbito del transporte y la movilidad". La adquisición no pasó por el Consejo Rector de Puertos.

Los investigadores han puesto el foco en el "incremento patrimonial" de Koldo García entre 2020 y 2022, período en el que adquirió bienes que podrían alcanzar la cifra de 1,5 millones de euros, uno de ellos en Benidorm, por 115.000 euros, a nombre de su hija menor y pagado sin hipoteca.

Estas adquisiciones habrían tenido lugar "apenas cinco meses más tarde" de que se produjesen diversas adjudicaciones públicas a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, investigadas en la causa que dirige el juez Ismael Moreno sobre una presunta trama de cobro de comisiones en contratos de compra de mascarillas en pandemia, que habría perjudicado a varias administraciones.

Los investigadores sitúan a García, cargo público del Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021, como "la persona" que facilita a dicha empresa "información sobre los procesos de adjudicación de material sanitario". En concreto, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que García agilizó trámites con el Ministerio de Transportes en la contratación durante la pandemia, facilitando los procesos de adjudicación de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión.

Anticorrupción pone bajo sospecha "el aumento de ingresos en efectivo en general" y que disminuyan las disposiciones de dinero en efectivo

El ministerio público alude al citado contrato con Puertos del Estado (del que García era miembro del consejo rector), a un expediente adjudicado también en 2020 por Adif por 12,5 millones de euros y a un expediente adjudicado en abril de ese año por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial por 3,4 millones de euros. La citada empresa también se adjudicó contratos con el Servicio Canario de Salud -cuatro, con un valor total de cerca de 12,3 millones de euros- con el de las Islas Baleares -uno, por 3,7 millones de euros- o con la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

Por esta causa, García y otros investigados como el presidente del Zamora CF, Víctor Aldama, o el empresario Iñigo Rotaeche se encuentran en libertad con la prohibición de salir de España, entre otras medidas cautelares. También está imputado el hermano del ex asesor de Ábalos.

En uno de los autos en los que el juez decretó esas medidas cautelares, el juez alude a los puntos principales de la querella que interpuso en 2022 la Fiscalía Anticorrupción, tras estudiar una denuncia del PP de Madrid sobre estos hechos.

Al destacar el incremento patrimonial de Koldo García y su mujer, que fue una de las detenidas por la Guardia Civil y salió en libertad, Anticorrupción también pone bajo sospecha "el aumento de ingresos en efectivo en general" y "llama la atención que disminuyan las disposiciones de dinero en efectivo, lo que denota la posible existencia de otra fuente financiera de origen desconocido".

Observa asimismo un "incremento sustancial de sus aportaciones a hipotecas y préstamos a partir de diciembre de 2020", ligadas a la adquisición de tres inmuebles en la localidad de Benidorm.

Uno de ellos, explica el auto, se adquiere a nombre de su hija menor de edad por 115.000 euros sin constituir hipoteca: 11.500 euros se abonan en metálico, sin que la Fiscalía encuentre disposición en efectivo que lo justifique, y el resto con cuatro cheques a favor de los vendedores, utilizando fondos de una cuenta a nombre de la hija "donde se habían ingresado dos días antes de la compraventa", hasta elevar su saldo a 110.023 euros.

Ese dinero procedería presuntamente de dos préstamos, uno del hermano de Koldo García, traspasos ordenados desde su cuenta y fondos aportados por el ex asesor de Ábalos y su mujer entre los que se encuentra una donación de 90.000 euros en efectivo "y de la que no se ha encontrado movimiento bancario alguno".

La Fiscalía ve este incremento en su patrimonio como "un dato sumamente relevante y revelador del papel" de Koldo García en la adjudicación, y el juez, por su parte, destaca que éste tendría el control del dinero y bienes de su entorno ya que "habría hecho uso de terceros para ocultar el incremento patrimonial injustificado". Por ejemplo, su hermano era el titular de su vivienda familiar.

"Rectificar lo de la niña"

El juez va desgranando las sospechas de los investigadores y alude a diversas conversaciones entre los imputados que reflejarían que Koldo García y su mujer intentaron "reestructurar" su patrimonio, y también a la existencia de una caja fuerte a la que tendría acceso esta última.

También su hermano Joseba, vinculado a organismos dependientes del Ministerio de Transportes desde 2019, habría experimentado un aumento significativo en sus cuentas y habría recibido fondos que ascenderían a 267.774 euros entre 2020 y 2022.

Joseba García y su ex mujer fueron utilizados para "ocultar la titularidad" de inmuebles

Ambos hermanos, según el auto, comenzaron a tomar medidas cuando supieron que podían estar siendo investigados. Joseba llegó a decirle en una conversación que "él se quita de en medio para que no les vean juntos", mientras que Koldo refirió "que tienen que ir al notario a rectificar lo de la niña", una alusión que, según el juez, podría corresponderse con la compra de la vivienda a nombre de su hija menor, para la que se emplearon fondos de su tío.

Según el juez, Joseba García y su ex mujer fueron utilizados para "ocultar la titularidad" de inmuebles, y entre 2020 y 2022 se han detectado traspasos de sus cuentas a las de Koldo y su familia.

El juez investiga en esta causa delitos de organización criminal, blanqueo o cohecho, entre otros, que se habrían cometido presuntamente en el marco de adjudicaciones irregulares en 13 contratos de emergencia relacionados con el Covid-19, formalizados por la Administración.