El ex secretario general de la UGT-A Francisco Fernández Sevilla se ha desmarcado este lunes en la Audiencia de Sevilla del escándalo de las facturas falsas del sindicato UGT-A, al asegurar que ni siquiera conocía lo que era el denominado "bote" -uno de los mecanismos presuntamente empleados para cometer el fraude-, negando que existiera una contabilidad B en el sindicato y afirmando que en un ejercicio de transparencia decidieron entregar un disco duro con la contabilidad en una notaría de Sevilla. El ex responsable del sindicato ha negado en rotundo el fraude y ha asegurado que todos los cursos de formación se han realizado e incluso recibieron "felicitaciones" por parte de la Administración: "Aquí no hay trampa ni cartón", ha afirmado Fernández Sevilla.

Antes de comenzar su declaración, Francisco Fernández Sevilla, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de siete años de cárcel, ha anunciado que sólo respondería a las preguntas de su abogada defensora y del tribunal, acogiéndose a su derecho a no declarar ante la Fiscalía Anticorrupción, como ya hizo en la fase de instrucción, cuando también se acogió a este derecho. Por lo tanto, ésta ha sido la primera ocasión en la que se ha escuchado la versión de Fernández Sevilla, once años después de que estallara el escándalo que afecta a la ex cúpula de UGT-A.

Fernández ha culpado del escándalo a las "informaciones sesgadas de la prensa", frase que ha repetido en hasta tres ocasiones a lo largo de su declaración en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, donde ha sostenido que "no había nada oculto ni extraño". El ex máximo responsable del sindicato en Andalucía ha explicado que con esas informaciones la situación se volvió "inasumible" y al contrario de lo que ocurrió en aquel tiempo "con alguna organización política de gran volumen que creo que se rompieron los discos duros y había contabilidad B" -en alusión al PP-, decidieron para "mayor transparencia" depositar un disco duro con la contabilidad de UGT-A en una notaría de Sevilla, para que se viera que no se había realizado ningún cambio en la contabilidad.

"No había nada de bote, eran cuentas de enlace"

Fernández Sevilla ha negado que conociera los supuestos mecanismos para el fraude, como el denominado bote, una figura para la elaboración de supuestas facturas falsas. Fernández Sevilla ha dicho que cuando salió en prensa esta palabra preguntó por el tema y le trasladaron que "no había nada de bote", que se trataba de "cuentas de enlace", con otros organismos internos, como las uniones provinciales y con empresas proveedoras.

En cuanto al rápel, el otro mecanismo supuestamente fraudulento empleado por UGT-A, el acusado ha reconocido que se trataba de unos descuentos que ofrecían aquellos proveedores que tenían cierto volumen de negocio con la organización sindical, pero ha rechazado que fuese él quien negociara dicho descuento con los proveedores, puesto que según ha indicado "no era de su competencia", sino del área de Administración.

A lo largo de su declaración, el ex secretario general de UGT-A ha defendido que la organización había ido creciendo en lo que se refiere al volumen de gestión de los programas de información y por eso se vio "necesario" incorporar a la empresa Soralpe para que colaborara en la gestión de los mismos.

De "andar de zapatillas" a hacerlo de forma profesional

Y también ha defendido que tenían controles para evitar que se produjeran irregularidades, dado que el sindicato tenía una "Comisión de Control" formada por cinco miembros, había "auditorías externas" y, además, ha dicho que la propia Junta de Andalucía tenía su "obligación de revisar" los programas y a ello se unía la labor fiscalizadora de la Cámara de Cuentas de Andalucía. "UGT-A jamás ha tenido un pero en la gestión económica en ningún programa", ha dicho Fernández Sevilla, que ha añadido gráficamente que en estos años "UGT pasó de andar en zapatillas a andar de forma profesional".

La abogada de Fernández Sevilla, Sonia Ojeda, le ha preguntado por un certificado de justificación de una de las subvenciones para cursos de formación que firmó su cliente, a lo que el ex secretario general de UGT-A ha respondido diciendo que no tiene constancia o no recuerda haberlo firmado y, en todo caso, tenía "la confianza y la seguridad" de que se estaba haciendo correctamente por parte del personal técnico que trabajaba en el sindicato.

Para Fernández Sevilla, "el error de la UGT" fue que se llegó a una situación en la que para gestionar toda la estructura se tenían que "endeudar en los bancos". 

Francisco Fernández Sevilla con su abogada, Sonia Ojeda, a su llegada a la Audiencia de Sevilla.

Al término de su declaración, el presidente del tribunal, el magistrado Ángel Márquez, le ha realizado varias preguntas sobre ese certificado que firmó de justificación y sobre quién era el responsable de la "central de compras" que se creó en el año 2005, ha dicho que era el ex tesorero del sindicato Federico Fresneda, que también ha declarado este lunes.

Fresneda niega las facturas falsas y que conociera el "bote"

El que fuera tesorero de UGT-A Federico Fresneda, que se enfrenta igualmente a una condena de siete años de prisión, ha negado que la organización creara facturas falsas y ha dicho que tampoco conocer la figura del "bote".

Al igual que Fernández Sevilla, el ex tesorero sólo ha accedido a responder a las preguntas de su abogado y del tribunal, acogiéndose a su derecho a no hacerlo a la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía. 

Fresneda, que actualmente tiene 76 años y está jubilado, ha negado la existencia de facturación falsa. "Todos los proveedores nos han servido lo que se ha facturado, no hay nada que nos hayan servido que no se haya facturado", ha dicho a preguntas de su letrado, Luis López de Castro.

También ha negado que conociera la palabra "bote", aunque ha reconociendo que había empresas que no tenían capacidad económica, que necesitaban un adelanto para servir los productos que les pedía, por lo que se trataba de un "anticipo financiero". Sobre el rápel ha dicho que se cobraban cuando todas las facturas estaban pagadas, por lo que podían pasar hasta seis u ocho meses.

Este acusado también ha sido interrogado por los sobresueldos que, según la Guardia Civil, se desviaron de las subvenciones de la Junta para los cursos de formación y que oscilaban entre los 900 y 3.000 euros al mes. El ex tesorero ha reconocido el pago de 900 euros al mes pero lo ha justificado en que se trataba de "gastos de representación sindical", para el abono de dietas, taxis y comidas, y ha explicado que en cualquier caso estas cantidades estaban "contabilizadas" en la Contabilidad de la organización. El juicio continuará mañana con la declaración de otros acusados.